LEY DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA Y REGULARIZACIÓN DOMINIAL

Abstract

La informalidad urbana surge como producto del proceso de ocupación de tierras sin intervención del estado, dentro de un marco determinado por políticas de tendencia neo-liberales en desmedro de los sectores sociales más desfavorecidos, a través de normativas que no acompañan los procesos sociales, generando efectos en la transformación del suelo no urbanizado que promueven la especulación de la renta del suelo y produciendo suelo sub-urbanizado en manos de grupos sociales expulsados de la ciudad formal.

A partir del crecimiento y la nula la información oficial respecto de las situación socio-económica de dichos asentamientos, organizaciones sociales y parte de las comunidades realizan un relevamiento georreferenciado de barrios por en el año 2016 y se establece que un barrio popular es aquel que cuenta con  un mínimo de 8 familias contiguas o agrupadas, que más de la mitad no cuenta con título de propiedad ni con dos o más servicios de infraestructura básicos. De este relevamiento se obtiene que hay un total de 4 millones de personas que hoy viven en 4.416 barrios populares de todo el país, ubicados en suelo de propiedad privada y de todos los niveles del Estado, de los cuales más del 90% no tienen acceso formal a servicios de agua ni saneamiento.

En este contexto surge el proyecto de ley, que plantea subsanar la ausencia histórica de políticas socio-habitacionales como la Ley de acceso justo al hábitat,  promueve establecer acciones orientadas a la mejora de los barrios populares, a través de la ampliación de equipamiento social, el acceso a la infraestructura de servicios, tratamiento de espacios de uso público, eliminación barreras de urbanas, mejorar la accesibilidad y movilidad, saneamiento y mitigación ambiental, fortalecimiento de actividades económicas familiares, redimensionamiento parcelario, seguridad en la tenencia y la regularización dominial, a través de propuestas integrales, progresivas, participativas y con perspectiva de género y diversidad.

Las herramientas concretas de intervención que establece la ley son: la suspensión de desalojos de los barrios registrados debidamente en el RE.NA.BAP., por un plazo de 4 años a partir de la entrada en vigencia de la ley, y la declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación los terrenos, que no sean propiedad del estado, donde se encuentran asentados los barrios populares.

Lo mencionado anteriormente se desarrollará en una infografía ampliando la información que surge de los relevamientos y los alcances de la ley.